El “golpe” de la oposición: los audios y el cazo Rózsa

Abecor

La difusión  de audios en los que una persona -presuntamente el fiscal Marcelo Soza- hace revelaciones sobre el llamado caso terrorismo generó  un “remezón” en el Gobierno, lo  que -según coinciden opositores y analistas- podría desencadenar  una de sus peores crisis.

La senadora  Carmen Eva Gonzales (CN), quien presentó este material, propició así algo que muy pocas veces pudo lograr la oposición durante los dos gobiernos de Evo Morales: afectar la imagen oficialista, generar rechazo y crítica social y, consecuentemente, alterar de alguna manera la pulseta de popularidad e intención de voto.

Los  especialistas que opinan en estas páginas coinciden también en que si antes el MAS tuvo momentos difíciles, casi siempre fue por errores y acciones internos.

En las referidas grabaciones se escucha a alguien que vincula a autoridades con el grupo de Eduardo Rózsa,  sugiere que el caso fue utilizado para anular  a la oposición y habla también de la “fabricación de pruebas” en torno a lo  ocurrido el 16 de abril de 2009, cuando  -según versión oficial- la Policía desbarató a un grupo terrorista en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fraguaban una conspiración separatista que  buscaba eliminar al Presidente. En el enfrentamiento murieron su líder, Eduardo Rózsa Flores, y dos miembros de la célula; otros dos fueron apresados.

 Tras conocerse el material -revalidado por dos estudios internacionales-,  Soza renunció al caso, desapareció durante 13 días  y luego acusó a Gonzales de extorsión. Que innumerables autoridades y legisladores del MAS hayan arremetido contra  Gonzales y la oposición, ¿será indicio de la gravedad del caso o de que las denuncias de la senadora de CN no tienen respaldo?

 Sugiriendo que los audios no son veraces, el diputado Galo Bonifaz  acusó a la senadora de utilizar bienes del Estado en una red de extorsión contra funcionarios; y la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, aseguró que es “inaceptable que una senadora actúe de esa manera”.

Y es que mucho está en juego,  pues con el argumento -legítimo o no, verdadero o no- de luchar contra el “terrorismo separatista”, en los últimos cuatro años el Ejecutivo implementó muchas políticas que consolidaron su predominio y acabaron con el famoso “empate catastrófico”.

Por eso la periodista Maggy Talavera ve esto como “un caso clave” para el Gobierno, pues refiere al “desmantelamiento  del principal bloque opositor que  enfrentaba en 2008”, y que estaba representado por  élites cívico-empresariales.

 “Ese desenlace -agrega- sirvió de escarmiento para otros sectores de oposición e incluso para las voces disidentes internas”. Por ello precisa que las revelaciones del audio “apuntan a confirmar que hubo un montaje en el caso Rózsa”, lo que significa que el Ejecutivo “mintió” y es responsable de las “muertes extrajudiciales” en el hotel Las Américas.

Lecturas y presunciones
El abogado y activista de derechos humanos Rubén Darío Cuéllar sostiene que “la fiereza con la que los masistas reaccionaron contra Gonzales  lleva al convencimiento de que éste es un tema altamente sensible que probablemente ayudará a encontrar la punta del ovillo”.

   Mientras que desde el MSM, la diputada Marcela Revollo opina que los audios divulgados deben ser tomados en cuenta en las investigaciones como “indicios” y que las denuncias contra Gonzales deben investigarse y ampliarse “a todo el sistema de contrataciones y de pagos en la Asamblea”.

Pero hay algo más en juego, que para el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz es “la poca  credibilidad que le queda al Gobierno frente a la sociedad,  la opinión pública  y su ya muy deteriorada imagen democrática o revolucionaria”. 

Las afirmaciones del audio que se atribuyen a  Soza -sostiene- dan cuenta de “varias situaciones gravísimas: la brutal subordinación del sistema de justicia al poder político, “la agresiva corrupción y la  grosera manipulación de procesos judiciales”.

 Almaraz señala que “es indudable que el Gobierno debía combatir y reprimir las acciones violentas y de contenido separatista que -efectivamente y como nos consta a todos- desplegaron los tradicionales grupos de poder, particularmente en Santa Cruz. Pero debía -y podía- hacerlo en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos”.

Y en cuanto a la coyuntura actual que reactivó el caso, Cuéllar señala que es poco creíble que la salida de los audios “haya sido una filtración de gente externa al Gobierno”, y que  más bien podría  responder “a una lucha interna en el MAS”.

En este panorama, ¿estamos frente a un resurgir de la oposición o ante algo circunstancial? ¿Cuándo logró un opositor causar tanto daño como lo hace Gonzales ahora? ¿Juan del Granado con las denuncias del sobreprecio de la carretera  del TIPNIS? ¿Norma Piérola con sus innumerables y muchas veces fallidas intervenciones? 

El analista  Gustavo Pedraza afirma que la denuncia de los audios es una “acción ocasional de la oposición, más individual que colectiva, aprovechando los graves errores políticos del Gobierno en el caso Rózsa”.  “No es que los opositores hayan recuperado la iniciativa política, más bien siguen actuando reactivamente”, agrega.

 “No hay evidencias  concretas que demuestren el resurgimiento de la oposición en el campo político,  pese a la señal de unidad en la  recuperación de la Gobernación del Beni”, asegura.

Interpretando la lectura que todos los expertos consultados en esta nota hacen del caso, todo apunta a que, por el momento, el peor daño que puede sufrir el Gobierno sale y saldrá de su mismo seno.