"Las afirmaciones de Soza dan cuenta de varias situaciones gravísimas", Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras

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¿Desde su punto de vista por qué da la impresión de que la revelaciones de los audios que supuestamete reproducen la voz del fiscal Soza generó un "remezón" en el Ejecutivo?

Primero, a la inédita gravedad de los hechos denunciados y revelados. Las afirmaciones del fiscal Soza dan cuenta de varias situaciones gravísimas que van desde la brutal subordinación del sistema de justicia al poder político, hasta la agresiva corrupción practicada por los operadores de este al amparo de sus extraordinarias y legítimas prerrogativas, pasando por la grosera manipulación de procesos judiciales.

Segundo, a que el gobierno ha sido incapaz de rebatir con siquiera un mínimo de credibilidad la veracidad de la denuncia y la autenticidad de las grabaciones en cuestión, dando así, ante la opinión pública, una muestra tácita de aceptación de la veracidad de aquellas.

Tercero, a que, con su inédita gravedad, la denuncia se suma a otros muchos escándalos de corrupción y autoritarismo que, acumulados, han socavado profundamente la autoridad moral del gobierno y hacen plenamente creibles los hechos denunciados en esta ocasión.

¿Con la difusión de esos audios qué está en juego?

Lo poco de credibilidad que le queda al gobierno frente a la sociedad boliviana y la opinión pública internacional, y su ya muy deteriorada imagen democrática o revolucionaria.

¿Qué valor tuvo el caso Terrorismo para el oficialismo?

La de un golpe "clave" a la contra-ofensiva subversiva de las fuerzas conservadoras agrupadas tras los movimientos cívicos regionalistas, que contribuyó de manera importante a la derrota definitiva de la misma.

Es indudable que el gobierno debía combatir y reprimir las acciones violentas y de contenido separatista que, efectivamente y como nos consta a todos, desplegaron los tradicionales grupos de poder, particularmente en Santa Cruz. Pero debía y podía hacerlo en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos, y no igualando sus métodos y sus prácticas a aquellos brutales, injustos y delictivos que el mismo gobierno condena en los grupos terroristas y separatistas a los que se combatía.