ENCUESTA: La gente desaprueba los bloqueos pero no quiere que se los sancione

Abecor

Junto con las marchas y las huelgas o paros, el bloqueo de calles y carreteras es una de las medidas de presión más recurrentes entre distintos sectores sociales de Bolivia, pero también es una de las más rechazadas por la población.

Quienes reafirman su legitimidad -principalmente dirigentes de organizaciones sociales- como “arma de lucha”, lo distinguen como una herramienta adecuada para lograr reivindicaciones y metas; quienes más lo rechazan y condenan son los analistas económicos y los empresarios o comerciantes, aunque en general, quienes lo sufren son el grueso de la población perjudicada en su derecho al libre tránsito.

Una reciente encuesta elaborada para Página Siete por Tal Cual, comunicación estratégica, detectó una masiva y lógica percepción negativa de la gente hacia los bloqueos pero, al mismo tiempo, reveló que la mayoría no está a favor de que se castigue a los bloqueadores a partir de leyes o de la Constitución.

El 56% de los consultados en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz “desaprueba mucho” los bloqueos en las movilizaciones y protestas, y el 24% lo “desaprueba algo”, es decir hay un rechazo del 80% contra un escaso 14% de aprobación.

La tendencia de opinión de los consultados va por el mismo rumbo cuando se les interroga “¿está de acuerdo en que las causas que defienden quienes bloquean son diferentes y determinantes y por consiguiente haya bloqueos buenos y malos?”.

El 64% de los encuestados en las ciudades más grandes del país se inclina por la opción “no hay diferencia entre los bloqueos, todos son malos”. Mientras que el 32% seleccionó la respuesta “Sí, la causa hace la diferencia en los bloqueos”.

El panorama cambia cuando se interroga sobre si deben ponerse en vigencia leyes que sancionen “con más fuerza” a los bloqueos de calles o caminos. El 59% de los entrevistados no está de acuerdo con esa posibilidad, mientras que el 33% está a favor, y el 8% no precisa.

Análisis
¿A qué se puede atribuir que la mayoría desapruebe los bloqueos, crea que no hay causas “buenas” en ellos y, al mismo tiempo no esté de acuerdo en que rijan normas para sancionarlos? ¿Nos hemos acostumbrado a ellos? ¿Pese a ser tan perjudiciales, tienen cierto grado de legitimidad?

“La gente está cansada de que su vida cotidiana sea interrumpida constantemente, pero por otro lado también reconoce que, en democracia, expresarse, protestar o demandar, especialmente cuando sus necesidades no están siendo cubiertas o satisfechas, es un derecho legítimo de todo ciudadano”, sostiene Vivian Schwarz, investigadora de Ciudadanía.

El conflictólogo Gregorio Lanza estima que si bien la mayoría percibe perjuicio por ese tipo de medidas, no quiere darle vía libre al Estado para actuar contra quienes las impulsan. “Históricamente la Policía ha hecho un uso desmedido de la fuerza. Al ciudadano le perjudica, pero no quiere dar carta blanca al Estado, a la Policía ni al Ejecutivo para que lo reprima”.

El bloqueo forma parte de los “repertorios tácticos” de las movilizaciones de diferentes sectores, que a principios de los años 2000 cobraron mayor notoriedad con la guerra del agua, en Cochabamba, donde se convirtió en una herramienta efectiva.

También jugó un papel fundamental a principios del siglo XXI, cuando los campesinos levantaron su protesta, en busca de cambios de fondo en el Estado. Felipe Quispe, el Mallku , entonces principal dirigente de ese sector, sostiene que esta medida entonces era “un arma para dar un grito” ante la “opresión” en que se encontraban los originarios.

“En esa época manejamos un discurso diferente. Hablamos de nación, de tierra y territorio, de mecanizar el agro, y tener nuestra propia universidad y así tener también intelectuales propios del campo. Era un discurso que caló muy bien a la inmensa mayoría nacional. De ahí que yo salgo a la luz pública”, afirma Quispe.
También el movimiento cocalero, del cual proviene el presidente Evo Morales, impulsó bloqueos de caminos por distintas reivindicaciones, aunque en mayo pasado el jefe de Estado aseguró que las medidas que impulsaba este sector eran “por la economía y la soberanía de Bolivia” y le restó así legitimidad a los cortes de rutas entonces llevados a cabo por las bases de la Central Obrera Boliviana.

Para no ir más allá, en marzo de este año se vivieron varios incidentes aunque no del todo comparables con los que dieron inicio a este siglo, como el bloqueo a la vía hacia Copacabana por parte de los comunarios de la provincia Manco Kápac en exigencia de la construcción de tres puentes, o la serie de bloqueos que se desencadenaron ese mismo mes en Oruro, porque la Asamblea Departamental quiso cambiar a Evo Morales el nombre del aeropuerto Juan Mendoza.

Para los especialistas consultados el uso y abuso de forma indistinta de los bloqueos está generando su “de valuación” y, por tanto, a la larga desembocará en su pérdida de incidencia. Schwarz sostiene que el bloqueo “se ha convertido poco a poco en Bolivia en un instrumento común”, que carece de novedad por su recurrencia, y “porque se aplica en todos los niveles y se lo apropian todos los grupos”.

“No importa si es una Organización Territorial de Base la que está bloqueando dos cuadras de su calle para pedir alcantarillado o iluminación; o si es un problema nacional que está trancando todo el país. El recurso para todos es lo mismo. Ya no tiene tanto significado como hace diez años”, afirma.

Lanza, por su parte considera que “con un uso ya desmedido, el bloqueo empieza a perder fuerza, se afecta a terceros, que también son ciudadanía, y empieza a ser repudiado por amplios sectores de la población. Pierde impacto y credibilidad”.

Finalmente, Schwarz da una clave para entender la concepción general, aparentemente contradictoria de la gente, sobre esta medida: “una cosa es que estemos molestos, por todo el tiempo de estar bloqueados, pero también reconocemos que es nuestro derecho y así como a algunos les toca hoy día, tal vez mañana nos tocará a nosotros ”.