Las ONG bajo presión: un antes y un después en el “proceso de cambio”

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La puesta en vigencia de la Ley de Personerías Jurídicas, que establece que las ONG que ejerzan   actividades distintas a las que detallan sus estatutos perderán  su licencia de funcionamiento, abre un nuevo debate acerca de la coyuntura política y las estrategias empleadas por el partido de Gobierno para allanarse el camino. 

Esta norma, promulgada en febrero, llega justo cuando las organizaciones no gubernamentales enfrentan otra dura traba: la complicación de los trámites   para  renovar su registro único,  lo que  en algunos casos les impidió acceder a fondos.

¿Qué está pasando con las instituciones cuyo rol para la implementación y desarrollo del “proceso de cambio” fue crucial y determinante?

“En realidad yo creo que el Gobierno quiere hacer más rígida la regulación sobre las ONG porque hay algunas que siguen trabajando en el fortalecimiento de la sociedad civil y no se han adscrito acríticamente a la política oficialista”, afirma Javier Gómez, director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). 

Lo curioso de todo esto, asegura el investigador Roberto Laserna, es que  gran parte del movimiento social que llevó a la presidencia a Evo Morales “fue fortalecido  con gente que trabajó en las ONG durante muchísimo tiempo”.

Y así es. Unitas, CIPCA, CEJIS, el programa NINA, entre otras ONG, han aportado al proceso actual en al menos tres ejes: respaldo institucional, formación de cuadros técnicos y políticos, y dotación de  ejes programáticos. 

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Pero además -en relación al segundo eje- muchas autoridades  y  funcionarios del Estado provienen de estas instancias.      El canciller David Choquehuanca y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por poner dos ejemplos.

“Las ONG desde un principio han acompañado este proceso y  muchos de quienes están en el Gobierno han sido funcionarios de Unitas y de sus asociadas CEJIS, CIPCA, CEDLA, ACLA y otras  que han estado muy vinculadas al proceso de transformación”, afirma Carlos Revilla, coordinador de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).

El ministro  Romero reconoce el aporte de estas instituciones y sostiene que en términos generales “merecen una consideración positiva”.  Pero identifica “dos debilidades” que, al parecer, prevalecieron a la hora de ejercer presión mediante una ley: “que a veces  corporativizan posicionamientos de algunas organizaciones, y que en otros casos han suplantado a las estructuras naturales de los movimientos sociales y  han asumido como voceras”.

ONG y  política

 ¿Las ONG se metieron mucho en la política boliviana? “Sí, porque nuestro rol es fundamentalmente político, y como parte de la sociedad civil tenemos todo el derecho… El apoyo a Evo durante varios años por parte de Unitas y otras ONG ha sido obviamente un apoyo político, y no hablo en términos partidarios, sino  en términos de apostar por una propuesta de transformación del país”, afirma Revilla.

Todos los consultados coinciden en que el Estado tiene toda la legitimidad de establecer normas que regulen a este sector. Pero aun así desconfían de que esta facultad se ejerza con ecuanimidad. 

Romero considera que el Estado  debe tener una mirada “proactiva” con relación a las ONG y pide lo mismo de éstas. “Las ONG no deben asumir como parte de su tarea una acción confrontacionista con el Estado, y éste no debe menoscabar su aporte”, sostiene. 

En ese marco, la autoridad explica que estas entidades no han tenido muchos mecanismos de control, lo que va en contrasentido de lo que es un Estado moderno, que se basa “en el registro y control de todas las actividades inherentes a su vida económica, social”, por lo que afirma que “la regulación es legítima”.

Para evitar susceptibilidades, aclara  que la regulación  no  implica “una restricción al derecho constitucional de libre asociación, ni  que se van a amputar las iniciativas y proyecciones de las ONG”. Más bien, enfatiza, se trata “de un conocimiento de las actividades de las ONG, el acceso a la transparentación de los recursos económicos y de las fuentes de financiación”.

Desde Unitas, que aglutina  a varias ONG,  advierten que, sin necesidad de la ley, ya hay un sistema de control “bastante riguroso”, pues presentan  informes anuales  con detalles respaldados de los gastos,   fuentes de inversión...  y que no se oponen a presentar   extractos de cuenta o cualquier otro documento.

 

Nuevo rol 

El investigador Henry Oporto considera que puesto que las ONG están en el “punto de mira”, parece útil tratar de convertir esas amenazas en “una circunstancia propicia para un debate esclarecedor” acerca de la importancia de su rol en el país, las condiciones necesarias para una función legítima de servicio público o de bien común, que se supone es su razón de ser.

Al respecto, Laserna  considera que las ONG  “sí que tienen que tener un rol que permita al individuo al ciudadano, a las organizaciones sociales, producir servicios públicos, bienes públicos y aportar desde el mundo privado hacia la mejora en las condiciones de vida, en las condiciones de debate, de conocimiento, de información, de la población”. <>

>Leonardo Tamburini, Cejis  

"Se brindó apoyo al proceso, no al MAS"

No hubo un apoyo al Movimiento Al Socialismo, el apoyo ha sido desde hace más de 20 años a un proceso que pudiera cambiar y transformar estructuras para que los derechos humanos y otro país sean posible.

Eso es más o menos lo que el CEJIS se planteó hace 20 años, cuando asumió el acompañamiento a la lucha indígena por la desconcentración de la tierra y la devolución de su territorio, a la transformación del Estado para la posibilidad de la vigencia efectiva de los derechos humanos. 

Creo que en ese contexto el acompañamiento fue de mucho más antes a un proceso y un conjunto de organizaciones que lo asumieron e incluso la propia institución se involucró en el mismo.

>Pamela Cartagena, Cipca 

"Alinearse en temas, no en lo político"

Yo pienso que es parte del proceso de ir desarrollando capacidades de poder inclusive criticar a las instituciones que te han acompañado, y es válido. 

Lo que no tiene que haber son medidas coercitivas del Estado. Se está haciendo una Ley de Organizaciones no Gubernamentales, lo sabemos. 

Se está procurando desde el Estado que participen las ONG  a través de sus redes. Esto nos parece óptimo, pero considero que es necesario que se respete todo lo que salga en esos encuentros entre lo que es el Gobierno y las ONG, en términos de que cada uno tiene su rol de aportar al desarrollo.

Quieren un alineamiento hacia el plan nacional de desarrollo. Perfecto. Hay que alinear pero en términos temáticos, no en términos políticos.