Entre lo judicial y lo político: crónica y cronología del asilo al legislador pandino

Imagen: LP

 Cuando Brasil otorgó asilo al senador Roger Pinto, éste tenía pendientes 20 procesos judiciales, todos interpuestos por el oficialismo, en las jurisdicciones de Pando, La Paz, Santa Cruz y Sucre. 

“A cada denuncia que hice por corrupción o narcotráfico se me abrió un proceso penal por desacato, sedición o difamación, entre otros”, sostuvo el legislador en una carta que difundió a los medios el 29 de mayo de 2012 a través del diputado Adrián Oliva.

Fue precisamente ese día que Pinto se apersonó a la Embajada de Brasil de la que se negó a salir, tras presentar el requerimiento de asilo.

Han pasado ya 11 meses y aunque el 8 de junio de ese año Brasil oficializó la otorgación del asilo, con el tiempo el tema dejó de ser mediático. No obstante, está claro que la negativa del Gobierno a emitir el salvoconducto que Pinto necesita para no ser detenido mientras se traslade al vecino país, es un hecho que atenta contra las buenas relaciones bilaterales.

“El Gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano boliviano Roger Pinto Molina, a la luz de las normas y de la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano, y basado en el artículo 4, inciso X de la Constitución Federal”, se lee en la web de Itamaraty. 

En su primera intervención sobre el asunto, el 12 de junio de 2012, el presidente Evo Morales declaró que quienes buscan el “asilo político” en democracia “son los corruptos que le temen a la justicia”. 

Este posicionamiento fue corroborado y reiterado por distintas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, quienes luego de conocer la decisión, lamentaron que Brasil procediera de esa forma.

Derivados de este tema, surgieron otros debates e incluso el Movimiento Al Socialismo aceptó debatir la nulidad de la figura legal del desacato -casi la mayoría de los delitos que se le imputan a Pinto se correspondía a ésta-, que finalmente fue eliminada en noviembre de 2012.

El 14 de junio, el canciller David Choquehuanca consideró que aún era posible que Brasil revoque el asilo político al senador Pinto. “Todo es posible, nosotros tuvimos un caso de los paraguayos que se les otorgó refugio en Bolivia y una vez que el Presidente de Paraguay (...) entregó información fundada al presidente Morales, se revocó este refugio”, argumentó la autoridad. 

El 16 de julio de 2012, la prensa difundió que el entonces fiscal general, Mario Uribe, amenazaba con enjuiciar a las autoridades que den un salvoconducto a Pinto.

Días después, el embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, pidió al Ejecutivo “zanjar” el tema del asilo político. La ministra de Comunicación Amanda Dávila deploró las palabras del diplomático y calificó el asilo a Pinto como una “decisión acelerada”.

En ese mismo mes se conoció otra carta que hizo pública Pinto, en la que le dice a Morales que “abusa del poder”, y que si bien el Ejecutivo puede negarle el salvoconducto, no impediría que sea “auténticamente libre”. Desde entonces el legislador no se volvió a pronunciar de forma pública.