¿Retirarse de la CIDH? Argumentos e ideas para no renunciar a esta instancia

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El pasado domingo, entrevistado por la red de medios estatales, el presidente Evo Morales ratificó que el Gobierno “estudia seriamente” la posibilidad de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras afirmar que este organismo de la OEA es “un instrumento” de Estados Unidos para presionar a gobiernos progresistas y antiimperialistas, el Mandatario aclaró que aún no hay una decisión tomada.

“La CIDH ha estado monitoreando el estado de los derechos humanos en todo el sistema (miembros de la OEA), con excepción de los EEUU; ésta es una vieja obsesión de varios países latinoamericanos y es la preocupación principal del presidente Morales”, explica al respecto Reynaldo Cuadros, ex embajador boliviano ante la OEA.

El diplomático confirma que desde Bolivia se ha “recurrido varias veces y por diferentes temáticas” a esta instancia, por lo que cree que “una medida de ese calibre (la salida) debe ser muy cuidadosamente estudiada”.

En ello coinciden otros analistas, autoridades y ex autoridades que, aunque en la mayoría de los casos aceptan que el rol de la CIDH no es todo lo ecuánime que debería, afirman que sería un despropósito obviarla y más bien apuntan a gestionar su reforma.

Pero ¿cuál la importancia de estar o no en este organismo? ¿Cuánto incidiría una u otra circunstancia? La decisión del Gobierno pone mucho en juego. La CIDH es uno de los principales órganos de la OEA, dado que su función es velar porque los estados cumplan con las normas sobre derechos humanos, mediante la defensa ciudadana y el impulso de medidas favorables.

La comisión forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y se interrelaciona directamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ente facultado para juzgar y sancionar.


Razones
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En los hechos, el anuncio del Presidente, explica Julieta Montaño, abogada especialista en la materia, “quiere decir que Bolivia estudia denunciar la Convención sobre Derechos Humanos, de la que proviene el mandato de la comisión, algo muy alarmante”.

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde admite que “debido a la importancia de una decisión de esta naturaleza se está analizando al detalle toda la situación por la que atraviesa el sistema”.

La autoridad menciona seis aspectos que, en criterio del Ejecutivo, ameritarían el retiro de la CIDH: que EEUU y Canadá no ratificaron la Convención pero tienen voz y voto; que una de las sedes está en EEUU; que los dos países mencionados financian -junto a otros de Europa- en más de un 95% el funcionamiento del sistema; que hay inequidad y manipulación en las relatorías; que la comisión tiene disposiciones discrecionales y sesgadas, y que la mayoría de las representaciones son de EEUU.

No obstante, Alurralde aclara que “el Gobierno no ve como una solución la salida del sistema, todo lo contrario, está comprometido en la defensa y protección de los derechos humanos como manda la Constitución, y por eso hemos pedido continuar fortaleciendo el sistema en las asambleas de la OEA en Cochabamba y Washington, pero si es que países que no son parte de la Convención bloquean las reformas se deben buscar otras opciones”.

En cuanto a posibles justificaciones para la medida, Montaño sostiene que “más bien son pocos los casos en los que el Estado boliviano ha sido sentado en el banquillo de los acusados”.

Una somera revisión histórica revela que la CIDH intervino en Bolivia por la muerte de varios campesinos en 1974, durante la dictadura de Banzer y por la “masacre” de Amayapampa y Capasirca, en 1996. Actualmente, indígenas de tierras bajas preparan un recurso ante la comisión por el caso del proyecto de construcción de una carretera en el TIPNIS.

Efectos y cambios

¿Pero cuáles serían las consecuencias del retiro? “Si dejáramos de contar con una instancia de apelación internacional estaríamos poniendo en situación de gran indefensión a aquellos casos que ya han agotado todas las instancias a nivel nacional”, explica el defensor del Pueblo, Rolando Villena.

Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, explica que los perjudicados serían quienes en anteriores gobiernos -o incluso en el actual- sufrieron la vulneración de sus derechos.

Montaño y Herrera comentan que hay temas como los casos Chaparina, Caranavi o Poma, que están en la actualidad en instancias nacionales, pero que muy probablemente deberán llegar a estratos internacionales para su resolución definitiva.

Con todo, los consultados coinciden en que debe haber una reforma de la comisión, en la cual se “corrijan fallas”, se “subsanen problemas”, como la falta de celeridad, o la burocracia, además algunas de las mencionadas por Alurralde.

El ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé reconoce que desde hace mucho tiempo el sistema atraviesa por una “crisis muy seria”, no obstante cree que Bolivia debe mantenerse como miembro y ser parte de un esfuerzo común por renovar y mejorar a la CIDH.

Sobre este punto, señala Alurralde: “Bolivia y los países del ALBA están intentando reformar el SIDH para que realmente responda a las necesidades y demandas de los pueblos, pero paralelamente creemos también importante avanzar en la construcción de espacios similares de defensa de los derechos humanos, en el marco de la CELAC, Unasur y Mercosur”.
 
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Eduardo Rodríguez Veltzé, ex presidente

“Bolivia debe ser parte del esfuerzo de los países por mejorar el sistema”


Fuente: ED
En ocasión de celebrarse la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Tiquipaya (Cochabamba) se abordó el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que atraviesa una crisis muy seria hace muchísimo tiempo. Este sistema, sobre todo a nivel de la comisión, tiene un rezago de más de 5.000 causas, tiene severos problemas económicos y sobre todo tiene una erosión de la legitimidad de sus decisiones que fueron cuestionadas por muchos de los países, y algunos países grandes de la región.

En este escenario, la Organización de Estados Americanos dispuso trabajar en un equipo y en una comisión que hace pocos días ha emitido una resolución, una recomendación y hay unas modificaciones sobre todo de respaldo a la continuidad del sistema de derechos humanos, aunque todavía debe transformarse estructuralmente.

Ése es el contexto en el cual hay que referirse al tema del sistema de derechos humanos. Tal cual está, presenta graves y estructurales deficiencias. Por ejemplo, las causas que tiene que ver con Bolivia no tienen la atención oportuna y varios de los países -no solamente los del ALBA, sino también el propio Brasil- han cuestionado severamente la conducción del sistema interamericano.

Yo entiendo que ésta es una agenda que debe ser de la más alta prioridad de los líderes del continente americano. Creo que no hay mejor tiempo que el que se está viviendo ahora para apoyar estas reformas, pero de ninguna manera plantear una salida del sistema.

Entonces, yo creo que Bolivia debe mantenerse y debe ser parte de este esfuerzo de todos los países de mejorar el sistema, que atraviesa indudablemente una crisis gravísima.

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Rolando Villena, defensor del Pueblo 

“Debe darse un plazo específico para llegar a consensos de cambio”

Fuente: P7
Revisando atentamente la resolución de la última asamblea realizada en Washington, me parece que los resultados alcanzados son insuficientes, en el sentido de que no modifica prácticamente nada y que deja elementos para la discusión posterior. 

Yo planteo que se debe dar un plazo específico, puede ser un año, dos años para que se lleguen a establecer consensos y acuerdos sobre los cambios que se esperan.

Además que se debe abrir el debate integrando a otras instancias que han sido mucho más críticos, como por ejemplo los países integrantes del ALBA y por qué no también escuchar la posición de los defensores del pueblo de la región.

Sobre estas premisas hay que empezar a dialogar para lograr consensos. Esto nos permitiría mirar el futuro de lo que es la CIDH u otras instancias, en términos de hacer cambios estructurales y profundos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora estos cambios deben estar orientados necesariamente para asegurar una plena autonomía, independencia, también celeridad, eficiencia y desburocratización, que también ha sido y es uno de los problemas que todavía adolece esta instancia.

Yo estaría postulando que como se ha abierto la discusión, que sea parte de un proceso de debate, de retroalimentación, y éste es un trabajo que hay que hacerlo también a nivel de las defensorías del pueblo en la región. Acabo de ser parte, además protagonista, como otros defensores del pueblo en Buenos Aires, de la conformación del Observatorio de Derechos Humanos de América Latina.

Entonces, estamos postulando en esta iniciativa que estos temas de derechos humanos desde la mirada de Unasur sean mucho más fortalecidos.

resultados alcanzados son insuficientes, en el sentido de que no modifica prácticamente nada y que deja elementos para la discusión posterior.
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