Los comicios marcan el inicio de un complejo cambio en el Órgano Judicial

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Las elecciones judiciales representan el primer paso de la transición del Poder Judicial de la República hacia la consolidación del nuevo Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia.
Los candidatos que la ciudadanía elegirá hoy serán las primeras autoridades judiciales que ocuparán los cargos jerárquicos del renovado estamento.

Se estima que las nuevas autoridades elegidas serán posesionadas a principios de enero, aunque eso lo definirá la Ley de Transición que prepara una comisión especial, conformada por representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Antes de estas elecciones, los magistrados eran designados por el Congreso, por un periodo de diez años. Ahora, las autoridades que sean elegidas serán designadas a través de las urnas y tendrán un mandato de seis años.

Con esta votación, cumplirán su ciclo de existencia la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Agrario, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional, y en su lugar emergerán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Según los presidentes de las instancias salientes, quedarán más de 10.000 casos pendientes de resolución en los cuatro órganos, los cuales deberán ser tratados por las autoridades entrantes que además, a partir de su posesión, deberán lidiar con las demandas y procesos nuevos.

Competencias
De acuerdo a regulaciones de la CPE y las leyes de Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia está concebido como la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria. Entre sus atribuciones están: actuar como tribunal de casación (última instancia de apelación), dirimir controversias de competencias entre los tribunales departamentales de justicia; juzgar al Presidente o Vicepresidente, además de designar a los vocales de los tribunales departamentales de justicia.

El Tribunal Agroambiental está encargado de resolver los recursos de casación y de nulidad en el ámbito agrario y medioambiental, en las áreas de recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de biodiversidad.

Por otro lado, el Consejo de la Magistratura es responsable del régimen disciplinario y fiscalización del manejo administrativo y financiero de las jurisdicciones: ordinaria, agroambiental y las especializadas.

Entre sus atribuciones están: ejercer control disciplinario y “evaluar” el desempeño de las vocales, jueces y personal del Órgano Judicial; preseleccionar a las candidatos para la conformación de los tribunales departamentales, que serán designados por el Tribunal Supremo, y también designar a los jueces de Partido y de Instrucción.

El Tribunal Constitucional Plurinacional está encargado de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Entre sus atribuciones están: resolver los asuntos de inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; además de resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.

Más allá de estos cambios estructurales, el constitucionalista Williams Bascopé considera que esta votación “es un paso fundamental para erigir un pilar más en la construcción del Estado Plurinacional que es el Órgano Judicial, lo cual permitirá hacer una reingeniería en el ámbito de la justicia”.

Por su parte, el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín prevé que no habrá cambio alguno en la justicia, “debido a las irregularidades con las que el Gobierno encaró el proceso, lo que mellará la legitimidad de las autoridades elegidas”.

“Habrá que esperar, sólo el tiempo dirá si la nueva fórmula boliviana de justicia realmente resulta”, finaliza Bascopé.