El sueño de una cementera aleja a dos regiones

El anhelo de desarrollo a través de una cementera es lo que aviva el conflicto de límites entre Coroma y Quillacas, dos localidades que comparten el abandono histórico del Estado y que divergen en la delimitación de sus territorios.

La Frontera Dos visitó esta semana la zona del conflicto para conocer más de cerca la controversia, además que conversó con las autoridades locales del lado orureño. Ya después, por contacto telefónico, se pudo tener una contraparte del lado potosino.

El puntal de la controversia radica en el cerro Pahua, un reservorio de piedra caliza que contaría con 20 millones de toneladas métricas en ese yacimiento.

Para llegar hasta el cerro, que se ubica a una hora de Sevaruyo, cantón de Quillacas, no existe camino pavimentado. La senda que traslada al lugar está rodeada de arenales, pajonales y plantaciones de quinua.

Los pobladores de la región sostienen que el Pahua proveerá materia prima a una eventual cementera que se espera se construya en la zona. Según Vicente Choquetijlla, corregidor de esa localidad, las reservas de ese yacimiento tendrían hasta 150 años de vigencia cuando se empiece a producir cemento.

Para ese emprendimiento se requiere trabajar en el aprovisionamiento de gas y el tema de la energía, advierte Froilán Condori, alcalde de Uyuni.

Controversia

Entre quillaqueños y coromeños se descalifican entre sí y se tildan de tener una actitud agresiva hacia el otro, en algunos casos el conflicto que los pobladores de ambos lados coinciden en que es “histórico” y de “hace siglos” llegó a los “puñetes”. Los primeros llaman a los segundos como “ambiciosos” por querer acaparar territorios que no son suyos; mientras que éstos les dicen “mentirosos” y “desinformadores” porque aseguran que esos territorios les corresponden, cuando no es así.

Los habitantes de Sevaruyo aseguran que la mitad del cerro pertenece a Quillacas y la otra a Coroma. El corregidor Choquetijlla comenta: “Nosotros de ninguna manera nos expresamos de que es todito nuestro. Ahora, si queremos trabajar el cerro así en conjunto, trabajemos también. No hay ningún problema”.

Por otro lado, el alcalde de Quillacas, René Paca, sostiene que todo el cerro pertenece a este municipio y que incluso algunos territorios que están más allá. “Para nosotros el cerro Pahua es de Oruro porque nuestros documentos históricos indican que el territorio orureño incluso es desde más allá (Potosí)”.

La respuesta del otro lado va en el mismo marco. Esteban Luna, curaca mayor del distrito indígena de Coroma, sostiene que el Pahua “está dentro del territorio de Potosí”. Critica el que no se quiera respetar los límites departamentales, ni los documentos que los respaldan. “Lamentablemente esas notas cartográficas que existen no están siendo respetadas”, añadió.

Más allá de aquello, la cementera es esperada con ansias por los dos partes del conflicto. El alcalde de Quillacas asegura que la pretendida fábrica es un viejo anhelo de la localidad. Recuerda que la planta hace mucho debía estar “instalada”, porque en el Gobierno del ex presidente Hugo Banzer se emitió un decreto para tal cometido. “Sin embargo, no la tenemos. Ahora, hay esperanzas de que el presidente Evo Morales consolide la fábrica”, asegura.

Desde el lado potosino existe el mismo deseo. El alcalde del municipio de Uyuni, al cual pertenece el distrito indígena de Coroma, comenta que “con seguridad” la cementera dará un empuje a esa región que ha sido olvidada por distintos gobiernos del pasado. Es por eso que se está a la espera que haya una solución, ya que se prorroga el “desarrollo” y “fuentes de trabajo”.

Precio de la quinua activa otro frente de controversia

Los quinuales abundan por toda la región del conflicto limítrofe entre Coroma (Potosí) - Quillacas (Oruro). La zona se caracteriza por tener en su seno “tierra buena” o fértil para la siembra y cosecha de ese alimento. Sin embargo, el precio que alcanzó la quinua activó otro frente de conflicto entre los bandos que ya se disputan el cerro Pahua, rico en yacimientos de piedra caliza.

Un quintal de la quinua roja o quinua “Pisankalla” puede llegar a costar entre 1.500 y 1.800 bolivianos. Mientras que el precio de la “quinua blanca” oscila entre 500 y 700 bolivianos.

Los precios que se registran en la actualidad contrastan con los que se registraban hace unos ocho años, cuando el quintal de quinua llegó a costar hasta 80 bolivianos.

Bartolomé Hurachi, productor que mantiene un conflicto con sus pares de Coroma, asegura que el precio de la quinua desde entonces se fue incrementando de forma gradual hasta los niveles que existe en la actualidad.

Los agricultores de quinua de esta región venden su producción a la empresa Irupana, que a su vez, aseguran, destina el producto para la exportación.

De una hectárea sembrada con un buen proceso y con el adecuado abono “natural” pueden resultar de 30 a 35 quintales de quinua. Por otro lado, si el proceso de siembra no está realizado de forma adecuada y si no se abona la tierra como corresponde, el rendimiento de la producción se reduce hasta 15 quintales por hectárea cosechada.

La época de siembra comienza entre los meses de septiembre y octubre, y el tiempo de cosecha comienza después de carnavales, entre febrero y marzo.

René Paca, alcalde de Quillacas, señala que el conflicto en este sentido se da por cuestiones económicas, ya que “el precio de la quinua está bien cotizado y en alza” en el mercado. Aquello, dice, alienta la “ambición de los hermanos de potosí”.

No obstante, desde ambos bandos se acusan de haber avasallado el territorio contrario. “En un conflicto, el avasallamiento son de ambos lados. Hay que admitir eso. Pero lo importante es que Coroma tiene documentación”, sostiene el alcalde de Uyuni, Froilán Condori.

Los comunarios de Potosillo denuncian que hace dos meses hubo un avasallamiento de los comunarios de Coroma. Mientras que éstos aseguran que fue al revés. En el lugar existen actas de pacificación que establecen que no se debe “tocar” el terreno en conflicto mientras no haya solución, según explicó Huarachi.

Desde el lado de Potosí, Esteban Luna, curaca mayor de Coroma, asegura que el tema de las “tierras productivas” es “secundario” para ellos. No obstante, sostiene que en esta controversia ellos defienden los recursos que existen dentro del departamento de Potosí. “Por eso la defensa es para nuestros hijos, para nuestros nietos y por eso nosotros creemos que la solución sería el respeto a los límites departamentales”, asegura.

Ocho policías custodian la zona limítrofe

Al menos ocho efectivos policiales están desplegados en la zona del conflicto limítrofe entre Quillacas y Coroma, encargados de brindar seguridad y evitar cualquier enfrentamiento que pueda haber entre los comunarios de Oruro y Potosí, informaron dos oficiales que realizan su trabajo por la zona de Potosillo.

“Siempre estamos cuidando los límites, subiendo al cerro del frente, a este otro frente para que no estén pasándose los potosinos”, dijo el suboficial Zenón Morales, que está de servicio hace 33 años en la verde olivo.

“Nosotros estamos haciendo aquí seguridad, siempre estamos rondando, en las mañanas salimos y a mediodía regresamos también donde nos da un poco de alimentación y en la tarde salimos lo mismo a otros lugares también. Así nomás es el servicio acá”, comentó su compañero, el sargento Aurelio Anagua Vargas, que está en la fuerza policial desde hace 34 años.

Los efectivos provienen de Oruro. Desde agosto, la Policía de ese departamento realiza el trabajo de brindar seguridad a la zona orureña.

La rutina de los policías consiste en realizar a diario “rondas” en la zona de controversia.

Cada efectivo recibe 30 bolivianos de viáticos por día. Sin embargo, la zona está tan alejada que no tienen dónde comprar algo de comer. Aseguran que el dinero proviene de la oficina de seguridad ciudadana. “Pero en este sector no hay ni tienda, nada, es un desierto, un poco de la alimentación más que todo hay que sufrir”, asegura Anagua.

Una familia de la comunidad aloja a los dos policías, que cada viernes reciben relevo de otros efectivos. “La señora es la que se sacrifica en darnos alimentación”, asegura Morales.

La jornada de trabajo comienza a tempranas horas de la mañana y puede extenderse hasta que el día termina. No cuentan con un horario determinado para realizar su trabajo.

Cuentan que cuando alguna persona se excede de los límites en conflicto, los comunarios de la zona se comunican con Sevaruyo, un pueblo que es considerado como la “metrópoli” de la región . “Cuando hay conflictos, vienen de inmediato para así defenderse. Nosotros estamos así para seguridad y para apoyo”, asegura Anagua.

Cuando existe algún problema, “de inmediato” deben llamar al comando departamental para comunicarlo. Cuando finaliza el relevo, cada viernes realizan un informe.

Versión Página Siete

Foto: L.S.