Brasil, a la carga por Pinto: Itamaraty mandó un emisario que fracasó en intento de sacar al senador


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 La última semana de febrero Brasil envió a Bolivia a un “negociador” que tenía la misión de lograr el salvoconducto para el senador Roger Pinto y dar así curso pleno al asilo que ese país le concedió al opositor en junio de 2012.

Según contó a Ideas una persona cercana a la embajada de ese país en La Paz, donde Pinto está refugiado desde el 29 de mayo del año pasado, Clemente Baena Soares de Lima, encargado de esa tarea, llegó de forma reservada y mantuvo en su estadía un “bajo perfil”. El diplomático logró reunirse con altas autoridades del Gobierno y con el propio Pinto.

Este dato último fue corroborado por una persona allegada al senador, quien, no obstante, no dio mayores detalles. Pero sobre el propósito del emisario, el informante resume que “el objetivo de Baena era conseguir el salvoconducto”.

Baena, “alto miembro” de Itamaraty e hijo de un notable ex canciller de Brasil es director del Departamento de América del Sur II. Tiene una amplia carrera diplomática y entre las instancias en que se desempeñó está la Organización de Estados Americanos.

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Consultado respecto a este informe, Adrián Oliva -uno de los diputados de Convergencia Nacional que sigue el tema- afirmó que entre las autoridades que llegaron de parte del Ejecutivo de Brasil por el caso Pinto, conoció de la presencia de “una persona que fue encomendada específicamente para ver este tema”, y ve que es “probable de que estemos hablando de la misma persona”, aunque evitó entrar en mayores “especulaciones” y no quiso confirmar si se trató o no de Baena.

Baena seguía en Bolivia a principios de abril, cuando llegó el canciller brasileño Antonio Patriota. La idea, según la fuente reservada, era retomar su misión original pero los esfuerzos del emisario tampoco tuvieron éxito.

En su estadía, Patriota se reunió con el canciller boliviano David Choquehuanca y con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en Cochabamba, cita en la que fue notoria la ausencia del embajador brasileño en Bolivia, Marcel Biato.

Se desconoce qué se trató en esa reunión, pero debió ser algo álgido, pues el diputado Luis Felipe Dorado –correligionario de Pinto- afirma que después de ese encuentro no se le permitió a Pinto recibir más visitas que las de sus familiares cercanos y su abogado; es más, cuenta que de inmediato Biato dejó inexplicablemente el país.

¿Más hechos que contribuyan a acrecentar la incógnita sobre este caso y sobre las relaciones bilaterales Bolivia-Brasil?

A fines de marzo, Ricardo Ferraço, presidente del Consejo de Asuntos Exteriores del Legislativo de Brasil, visitó a los 12 hinchas del club Corinthians que están detenidos en Oruro acusados por la muerte de un aficionado de San José durante el partido del 20 de febrero entre ambos equipos.


Pinto junto a Ferraco en la embajada de Brasil.
Entonces Ferraço también visitó a Pinto y, aunque en La Paz no trascendió nada, a su retorno a Brasil sostuvo que los brasileños detenidos son “son objeto de negociación política” de parte del Gobierno de Bolivia y sobre el caso Pinto.

En ese contexto, el 4 de abril el Senado de Brasil interpeló al canciller Patriota. En el acto, éste admitió que 
su despacho realizaba gestiones “confidenciales” en torno al asunto y, según el diputado Dorado, esa autoridad también “quedó” en que Biato retornaría a Bolivia.

Oliva, por su parte, contó que el 18 de ese mes el ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardoso, llegó en busca de reunirse con el presidente Evo Morales. Ante la imposibilidad, le ofrecieron reunirse con el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, pero esa cita tampoco se concretó.

Respecto a lo de Biato, Oliva señaló que Patriota ante el Legislativo de su país “ha tratado de minimizar la ausencia del embajador Biato y de negar cualquier situación o fricción que se hubiera generado en Bolivia respecto al manejo de la administración de la embajada”, algo que en el fondo “demuestra que sí han existido problemas”.

Finalmente, la pasada semana Biato regresó a La Paz con un respaldo “fuerte” del Parlamento brasileño y de “los actores de Itamaraty”, según afirma a Ideas el informante.

Por otro lado, esta fuente reservada indicó que incluso el embajador boliviano en Brasil, Jerjes Justiniano fue convocado por el congreso de ese país para tratar sobre el tema, pero esta versión no pudo ser corroborada con autoridades bolivianas.

Patriota y Ferraco en la interpelación al primero.
Pero ¿por qué los legisladores brasileños han tomado mayor protagonismo en este caso que pareció no interesarles durante varios meses?

Dorado afirma que debido a que a nivel de los gobiernos no se está avanzando, los legisladores de Brasil decidieron “actuar directamente”, tomando en cuenta que no es saludable para la imagen brasileña que no se consolide una decisión política suya, como fue asilar a un político de otro país. 

Oliva reafirma: “su protagonismo (de los legisladores brasileños), que ha ido creciendo, se explica porque estamos a punto de llegar a un año del asilo y hasta el momento no hay respuestas claras”.

Para conocer la postura y versión del Ejecutivo, este medio intentó contactar, por vía telefónica, al vicecanciller Juan Carlos Alurralde, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo éxito. 

Carlos Aparicio, diputado del MAS, sostuvo que si el oficialismo otorga el salvoconducto a Pinto, que está siendo procesado por la justicia “sería algo funesto”, porque “cualquier delincuente” pediría asilo a la Embajada de Brasil.

Mientras que la presidenta de la Comisión de Política Internacional de Diputados, Erica Claure, sostuvo que no es correcto que Pinto esté “privado de libertad”, sin que el Ejecutivo dé la autorización de su salida, algo que va en contra de lo que la Constitución establece sobre que “la libertad es uno de los valores más preciados”.

“No es el Gobierno el que está persiguiendo a Pinto, es el Órgano Judicial, con toda su independencia. Nosotros como Ejecutivo y Legislativo respetamos la independencia de los órganos”. Carlos Aparicio, diputado del Movimiento Al Socialismo.

“Lo que sí está claro es que éste es un tema que está demorando en su resolución. El Gobierno boliviano no está contribuyendo. Hay un exceso de soberbia, lo que es lamentable”. Adrián Oliva, diputado de Convergencia Nacional.



>>> Una institución en riesgo por una actitud obcecada 
Por: Karen Longaric, diplomática

El Gobierno queda mal en su negativa de otorgar el salvoconducto al senador Pinto. Pero por lo visto no le interesa mucho cuidar una imagen como país respetuoso de los derechos humanos. Parece que le tiene sin cuidado aquello, tanto respecto a la opinión pública nacional, como internacional.

En ese sentido, habrá que tener paciencia en este caso y esperar que el Gobierno reflexione y se dé cuenta que con esa actitud obcecada de no otorgar el salvoconducto está poniendo en riesgo a una de las instituciones más importantes que tiene América Latina y habrá que esperar también que Brasil sea consecuente.

Brasil es un país demócrata, con una gran trayectoria en este tema y que ha respetado esta institución, y esperamos que siga respetándola y que siga sosteniendo el asilo que ha otorgado.


 
>>>Bolivia está obligada a dar el salvoconducto
Por: Julieta Montaño, abogada especialista en DDHH

El Estado boliviano está fallando a sus compromisos de conceder asilo a aquellas personas que se consideren perseguidas políticas, porque efectivamente hasta ahora no se ha establecido que exista una razón de delito común, que justifique la persecución al senador Pinto.

Incluso muchas de las denuncias que hizo el legislador -y que dieron lugar a los procesos que se le han abierto- más bien se van como confirmando a través de los hechos que se suceden en el país. Entonces, Bolivia está obligada a dar el permiso para que salga del país.

Evidentemente Brasil sin ese permiso no puede sacarlo y seguramente en algún momento la defensa del señor Pinto tendrá que recurrir ante organismos internacionales por violación a los derechos fundamentales del señor Pinto, porque se le está privando los derechos de libertad y locomoción. Por mucho que esté en una embajada, está privado de su libertad.

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