Independientes en altos cargos, ¿nueva tendencia o casos aislados?

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La designación de Luis Pereira como director del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidenció un tema poco común o al menos poco visible en la cultura política del actual Gobierno: la designación de profesionales “independientes” en cargos de jerarquía media del aparato estatal.

Pereira no es militante del Movimiento Al Socialismo, pero cuenta con la experiencia de haber dirigido el operativo censal de 2001 y dirigió el empadronamiento biométrico en 2006, credenciales que las autoridades consideraron por encima de su compromiso político, algo que no siempre ocurre.

Una de las primeras tareas que se le encomendó es “reestructurar y fortalecer” al INE, luego de los cuestionamientos que recibió esta institución por las dudas ante los resultados del censo 2012.

Pero éste no es el único caso. En esa línea se puede mencionar, por ejemplo, el nombramiento del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en abril pasado, como agente en la demanda marítima que el Estado encausó contra Chile; y también la posesión, hace ya varios años, de Antonio Costas como director del Servicio General de Identificación Personal.

Estos funcionarios tampoco tienen filiación partidaria con el frente oficialista y todo indica que su trayectoria profesional fue el factor que más pesó a la hora de su designación.

Pero también, vale aclarar, cada caso respondió a una coyuntura distinta y salvo Rodríguez, los otros dos funcionarios dirigen entidades si bien estatales, desconcentradas y alejadas del Ejecutivo. Si bien no son los únicos, son los más destacados y por ello sirven en estas páginas de ejemplo y parámetro.
 
Explicaciones
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“Yo creo que el prestigio incidió muchísimo. Una de las variables que me imagino que ha tomado el MAS para designarlos definitivamente tiene que ver con los resultados que lograron en el pasado en diferentes cargos”, sostiene el analista Jorge Dulón.

Costas, siendo presidente de la otrora Corte Nacional Electoral, impulsó y lideró el empadronamiento biométrico de 2009, experiencia que modernizó el proceso electoral y posicionó a Bolivia como referente en la materia a nivel regional, pues se registró a 5.138.583 ciudadanos en un lapso de 75 días. Algo inédito.

A mediados de 2011, a Costas le tocó hacerse cargo de la puesta en marcha del nuevo sistema de Identificación, que significó el paso del control de esta área de la Policía a una administración civil.

La designación de Rodríguez como agente precedió a la presentación de la demanda contra Chile ante La Haya, fortaleció al equipo que tiene a su cargo ese cometido y mostró ante la comunidad internacional la “tesitura” del emprendimiento boliviano.

Vale recordar uno de los argumentos que mencionó el presidente Evo Morales cuando lo juramentó, el pasado 3 de abril: “Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de Bolivia. Su trayectoria profesional es impecable, su experiencia, inalcanzable”.

Dulón asevera que este tipo de designaciones se explica porque el MAS tiene una “carencia de cuadros técnicos” y se ve obligado a convocar a profesionales de los perfiles indicados “para ocupar ciertos espacios dentro de la función pública que requieren obviamente un conocimiento técnico y especial”.

Similar criterio tiene el analista y abogado Reymi Ferreira, quien considera que “la apertura del Gobierno está dictada por la necesidad de contar con cuadros especializados en algunas áreas de la gestión gubernamental, en las que la capacidad técnica prevalece por sobre el grado de confianza política”.
Perspectivas

Más allá de estos tres ejemplos, ¿es éste aún un fenómeno aislado o en proceso de generalización? Rafael Puente, exprefecto del MAS en Cochabamba, y el sociólogo Óscar Vega reflexionan al respecto.

El segundo asegura que desde el triunfo electoral del MAS, en diciembre de 2005, el Ejecutivo invitó a una serie de profesionales, conocidos funcionarios o militantes que fueron los “más adecuados” para ocupar ciertos cargos.

En cambio, Puente sostiene que se trata de casos excepcionales que “no ameritan un diagnóstico global de una apertura nueva del Gobierno, porque esto tendría que ser mucho más amplio y sistemático”, aunque espera que estos casos se vuelvan “más frecuentes”.

Todo esto se da en una coyuntura en la que del propio seno del oficialismo emergieron fuerzas de diversa orientación, como los llamados “librepensantes”, que son quienes manifiestan críticas abiertas y públicas a la dirigencia del MAS, pese a lo cual aún no han sido expulsados del partido. La figura más visible de este grupo es la diputada Rebeca Delgado.

¿Será posible que autoridades designadas por ser independientes, con el paso del tiempo, apoyen al MAS casi como si fueran militantes? Y ¿cómo toman los dirigentes y los militantes estos nombramientos?

La vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, en contacto con Ideas, reconoció que independientes trabajan en el aparato estatal y afirmó que son “bienvenidos” mientras trabajen a favor del pueblo boliviano y no incurran en prácticas de corrupción.

No obstante, hay que recordar que en mayo de este año la senadora Nélida Sifuentes afirmó: “Vamos a solicitar que se inscriba (al MAS) a todos quienes están en función política o pública… sí o sí tienen que inscribirse. Ya no hay invitados, los invitados nos han llevado a problemas”.

Pese a las contradicciones, ¿podría ser éste el inicio de la tan ansiada institucionalidad en el aparato estatal? “Debieran replicarse (los casos mencionados) tomando en cuenta las características del proceso que ha vivido el país, no creo que se dé en gran magnitud, pero es posible”, afirma Ferreira.

Puente considera que en el MAS prevalece aún una práctica heredada de la cultura política del sistema partidario, lo que pone una y otra cuestión a cada lado de la medalla: militancia igual a trabajo en el Estado.

“Esa especie de partido que era el MAS, lo que ha hecho ha sido de manera muy instintiva asumir la cultura política generalizada en el país... Entonces, la militancia se ha convertido en una especie de ‘derecho a un puesto de trabajo’ o algo equivalente a otro tipo de ventajas y prebendas”, sostiene.

Dulón coincide en que esta práctica “no es sólo de este Gobierno”, sino que “es parte de la cultura política, de la mala educación política”. “Todavía –agrega- como Estado y sociedad no hemos tenido la capacidad de institucionalizar la gestión pública, y creo que ése es un desafío por alcanzar”.

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