Independientes en altos cargos, ¿nueva tendencia o casos aislados?
Abecor |
La designación de Luis Pereira como
director del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidenció un
tema poco común o al menos poco visible en la cultura política del
actual Gobierno: la designación de profesionales “independientes”
en cargos de jerarquía media del aparato estatal.
Pereira no es militante del Movimiento
Al Socialismo, pero cuenta con la experiencia de haber dirigido el
operativo censal de 2001 y dirigió el empadronamiento biométrico en
2006, credenciales que las autoridades consideraron por encima de su
compromiso político, algo que no siempre ocurre.
Una de las primeras tareas que se le
encomendó es “reestructurar y fortalecer” al INE, luego de los
cuestionamientos que recibió esta institución por las dudas ante
los resultados del censo 2012.
Pero éste no es el único caso. En esa
línea se puede mencionar, por ejemplo, el nombramiento del
expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en abril pasado, como agente
en la demanda marítima que el Estado encausó contra Chile; y
también la posesión, hace ya varios años, de Antonio Costas como
director del Servicio General de Identificación Personal.
Estos funcionarios tampoco tienen
filiación partidaria con el frente oficialista y todo indica que su
trayectoria profesional fue el factor que más pesó a la hora de su
designación.
Pero también, vale aclarar, cada caso
respondió a una coyuntura distinta y salvo Rodríguez, los otros dos
funcionarios dirigen entidades si bien estatales, desconcentradas y
alejadas del Ejecutivo. Si bien no son los únicos, son los más
destacados y por ello sirven en estas páginas de ejemplo y
parámetro.
Explicaciones
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“Yo creo que el prestigio incidió
muchísimo. Una de las variables que me imagino que ha tomado el MAS
para designarlos definitivamente tiene que ver con los resultados que
lograron en el pasado en diferentes cargos”, sostiene el analista
Jorge Dulón.
Costas, siendo presidente de la otrora
Corte Nacional Electoral, impulsó y lideró el empadronamiento
biométrico de 2009, experiencia que modernizó el proceso electoral
y posicionó a Bolivia como referente en la materia a nivel regional,
pues se registró a 5.138.583 ciudadanos en un lapso de 75 días.
Algo inédito.
A mediados de 2011, a Costas le tocó
hacerse cargo de la puesta en marcha del nuevo sistema de
Identificación, que significó el paso del control de esta área de
la Policía a una administración civil.
La designación de Rodríguez como
agente precedió a la presentación de la demanda contra Chile ante
La Haya, fortaleció al equipo que tiene a su cargo ese cometido y
mostró ante la comunidad internacional la “tesitura” del
emprendimiento boliviano.
Vale recordar uno de los argumentos que
mencionó el presidente Evo Morales cuando lo juramentó, el pasado 3
de abril: “Expresidente de la Corte Suprema de Justicia,
expresidente de Bolivia. Su trayectoria profesional es impecable, su
experiencia, inalcanzable”.
Dulón asevera que este tipo de
designaciones se explica porque el MAS tiene una “carencia de
cuadros técnicos” y se ve obligado a convocar a profesionales de
los perfiles indicados “para ocupar ciertos espacios dentro de la
función pública que requieren obviamente un conocimiento técnico y
especial”.
Similar criterio tiene el analista y
abogado Reymi Ferreira, quien considera que “la apertura del
Gobierno está dictada por la necesidad de contar con cuadros
especializados en algunas áreas de la gestión gubernamental, en las
que la capacidad técnica prevalece por sobre el grado de confianza
política”.
Perspectivas
Más allá de estos tres ejemplos, ¿es
éste aún un fenómeno aislado o en proceso de generalización?
Rafael Puente, exprefecto del MAS en
Cochabamba, y el sociólogo Óscar Vega reflexionan al respecto.
El segundo asegura que desde el triunfo
electoral del MAS, en diciembre de 2005, el Ejecutivo invitó a una
serie de profesionales, conocidos funcionarios o militantes que
fueron los “más adecuados” para ocupar ciertos cargos.
En cambio, Puente sostiene que se trata
de casos excepcionales que “no ameritan un diagnóstico global de
una apertura nueva del Gobierno, porque esto tendría que ser mucho
más amplio y sistemático”, aunque espera que estos casos se
vuelvan “más frecuentes”.
Todo esto se da en una coyuntura en la
que del propio seno del oficialismo emergieron fuerzas de diversa
orientación, como los llamados “librepensantes”, que son quienes
manifiestan críticas abiertas y públicas a la dirigencia del MAS,
pese a lo cual aún no han sido expulsados del partido. La figura más
visible de este grupo es la diputada Rebeca Delgado.
¿Será posible que autoridades
designadas por ser independientes, con el paso del tiempo, apoyen al
MAS casi como si fueran militantes? Y ¿cómo toman los dirigentes y
los militantes estos nombramientos?
La vicepresidenta del MAS, Concepción
Ortiz, en contacto con Ideas, reconoció que independientes trabajan
en el aparato estatal y afirmó que son “bienvenidos” mientras
trabajen a favor del pueblo boliviano y no incurran en prácticas de
corrupción.
No obstante, hay que recordar que en
mayo de este año la senadora Nélida Sifuentes afirmó: “Vamos a
solicitar que se inscriba (al MAS) a todos quienes están en función
política o pública… sí o sí tienen que inscribirse. Ya no hay
invitados, los invitados nos han llevado a problemas”.
Pese a las contradicciones, ¿podría
ser éste el inicio de la tan ansiada institucionalidad en el aparato
estatal? “Debieran replicarse (los casos mencionados) tomando en
cuenta las características del proceso que ha vivido el país, no
creo que se dé en gran magnitud, pero es posible”, afirma
Ferreira.
Puente considera que en el MAS
prevalece aún una práctica heredada de la cultura política del
sistema partidario, lo que pone una y otra cuestión a cada lado de
la medalla: militancia igual a trabajo en el Estado.
“Esa especie de partido que era el
MAS, lo que ha hecho ha sido de manera muy instintiva asumir la
cultura política generalizada en el país... Entonces, la militancia
se ha convertido en una especie de ‘derecho a un puesto de trabajo’
o algo equivalente a otro tipo de ventajas y prebendas”, sostiene.
Dulón coincide en que esta práctica
“no es sólo de este Gobierno”, sino que “es parte de la
cultura política, de la mala educación política”. “Todavía
–agrega- como Estado y sociedad no hemos tenido la capacidad de
institucionalizar la gestión pública, y creo que ése es un desafío
por alcanzar”.
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