Decretos: unos inciden en la historia, otros detonan conflictos y muchos pasan desapercibidos



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Hay decretos que marcaron la historia del país, como el 21060; otros pasan desapercibidos, como los de corte meramente administrativo. También están aquellos que generan conflictos unaz vez sancionados, como el que elevó de seis a ocho horas la jornada laboral de los trabajadores de salud en enero de 2012.

Están aquellos decretos que son bien recibidos por la población, como el de nacionalización de 2006. Y, por otro lado, están los que concitan rechazo y tienen una vida efímera: como el que autorizó viáticos para esposas e hijos de los dos primeros mandatarios, y que finalmente fue abrogado.

¿Nos hemos puesto a reflexionar sobre estos instrumentos y su incidencia directa o indirecta en nuestra vida cotidiana? Para no ir más lejos, los incrementos de sueldos que el Gobierno determina cada 1 de mayo se dan vía decreto supremo.

Pero, otra interrogante, alguna vez nos pusimos a pensar ¿cómo es que una decisión del Presidente y su gabinete puede concitar reacciones de tan variable oscilación: simpatía, por un lado, y animadversión, por el otro?

Partamos primero del hecho de que "los decretos son una potestad del Ejecutivo", como sostiene el constitucionalista Israel Campero. Pero, ¿cuál es su particularidad? "La regla universal es que los decretos son legislación derivada, porque lo único que deben hacer es reglar, desarrollar, reglamentar las leyes emitidas por el Legislativo", explica el especialista.  

El constitucionalista Juan Carlos Urenda sostiene que "esa función se ve poco respetada" en aquellos  gobiernos donde prevalecenel Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, y -por esa situación- se excede, muchas veces, la competencia  del propio Legislativo. "Está la cancha libre para hacer lo que les dé la gana", afirma Urenda.

Una revisión de los decretos supremos que entraron en vigencia este año da cuenta que la mayoría hace referencia a aspectos administrativos, como: designación de ministros interinos, o distintas autorizaciones de desembolso de recursos. Son una minoría, los decretos que generan revuelo.

Precisamente algo de eso ocurrió el pasado 20 de noviembre, cuando el Ejecutivo decretó el "doble  aguinaldo", medida que deberá erogarse en el sector privado y público, cada vez que el crecimiento  del Producto Interno Bruto supere el 4,5%, de forma anual. 


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Esta decisión generó el cuestionamiento del sector empresarial, que luego de intensas negociaciones
consiguió que este beneficio pueda pagarse hasta febrero del próximo año, y también activó un conflicto con los jubilados, que al final fue subsanado con el acuerdo de un incremento de sus rentas.

"El segundo aguinaldo, que es una decisión mediante decreto, es una iniciativa unipersonal del Presidente y de su equipo económico, que no consultó la opinión de los partidos en el Legislativo; y precisamente por evitar esa consulta es que esta medida de ser un éxito político ha resultado un dolor de cabeza para el Gobierno", sostiene el analista político Carlos Cordero.  

En diciembre de 2010 ocurrió algo distinto. El gobierno decretó la eliminación de la subvención de los carburantes, y "niveló" los precios de los combustibles. Sin embargo, la medida se anuló frente a la protesta social (más detalles en el apoyo adjunto).

El senador opositor, Bernard Gutiérrez, sostiene que "todas las decisiones arbitrarias que asume el presidente Evo Morales son tomadas vía decreto".

Según el legislador, el oficialismo tiene la suficiente mayoría en el Legislativo como para aprobar las leyes que crea necesarias. "En realidad, no lo hacen porque saben que en el Parlamento la oposición va a plantear un debate serio sobre este tema", afirma.

En cambio, en el oficialismo la mirada es radicalmente diferente. "(El decreto) es un instrumento directo, que está a disposición del Ejecutivo y ese instrumento si es bien utilizado y es a favor del pueblo, bienvenido", afirma el diputado masista Carlos Aparicio.

Sin embargo, los constitucionalistas Urenda y Campero identifican que hay casos en los que se excede el marco de las competencias del Ejecutivo, y eso es algo que no sólo se ha dado en el actual Gobierno, sino también en administraciones anteriores.

Una mirada hacia atrás, nos muestra que ante la fuerte crisis de los años 80, el Gobierno del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro emitió el decreto 21060, que cambió la política económica del país e inauguró el llamado neoliberalismo en Bolivia.

Campero sostiene que si se sometiera el 21060 a un control constitucional "caería por inconstitucional", puesto que con esa norma se desconoce la naturaleza jurídica de la Constitución de ese tiempo "de corte social", donde -agrega el especialista- en parámetros generales se garantizaba entre otras cosas los derechos laborales.

Pero este especialista nos da un marco de líneas de acción para cualquier Ejecutivo: "la teoría general del derecho nos exige por regla general: que la creación, modificación o extinción de derechos, a través de una norma, única y exclusivamente debe darse vía ley".

Con todo, el analista político Fabrizio Mariaca sostiene que los usos inadecuados atentan contra la institucionalidad, algo que conforme vaya la tendencia en la administración del Estado será más difícil de reparar.

 "Esta pérdida de institucionalidad va a tener necesariamente repercusiones en el mediano y largo plazo. Pensemos lo que va a costar recobrar la institucionalidad al mismo MAS o a un siguiente gobierno", asegura.
 

> DECRETOS, CINCO EJEMPLOS DE NORMAS

Decreto 28701

Nacionalización.-  El 1 de mayo de 2006 se emitió el decreto 28701, que nacionalizó los hidrocarburos y determinó que el Estado recupere la propiedad, la posesión y el control total de esos recursos. "Que en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado a costa de su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país", señala.

Decreto 748

Gasolinazo.- El 26 de diciembre de 2010, el Gobierno decretó la eliminación de la subvención a los carburantes, y determinó la "nivelación" de los precios de los combustibles, que subieron en más del 70%. Se justificó la medida "para que ese dinero de la subvención quede en beneficio de los bolivianos" y no se vaya al contrabando. Sin embargo, se anuló la medida tras las protestas sociales.

Decreto 1126

Sistema de salud.- El 24 de enero de 2012, el Gobierno decretó el restablecimiento en el sistema de salud de la jornada laboral a tiempo completo de ocho horas diarias. No obstante, frente a las protestas de los médicos, el 16 de mayo, el Ejecutivo suspendió la aplicación de esa norma en tanto se realice la Cumbre Nacional de la Revolución de Salud, en la que se debía analizar el asunto.

Decreto 1525

De viáticos a familiares.- El 13 de marzo, el Ejecutivo autorizó la dotación de viáticos para las esposas del Presidente y Vicepresidente, y sus respectivos hijos, cada vez que acompañen a esas autoridades en misión oficial. Un mes después, ante el revuelo en la opinión pública, el Gobierno lo abrogó. "Espero que a partir de este momento no estén insultando ni amedrentando a mi familia", dijo Evo Morales.

Decreto 1802

Doble aguinaldo.- El 20 de noviembre, el Ejecutivo decretó el segundo aguinaldo, llamado "Esfuerzo por Bolivia", para los trabajadores del sector público y privado. El pago se realizará cada vez que el crecimiento del Producto Interno Bruto se ubique por encima del 4,5%. Los empresarios cuestionaron la medida y lograron que el pago se pueda realizar hasta febrero de 2014.


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