Las ONG en la Bolivia de hoy: ¿más control o repensar su rol?

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"Quiero que sepan, si hay algunas ONG, ya nos estamos informando, si siguen conspirando como la Embajada de Estados Unidos vamos a tener que cerrar y expulsar a esas ONG que vienen a conspirar contra esta revolución democrática y cultural".

De esa forma la advertencia del presidente Evo Morales, pronunciada el 2 de diciembre de 2013, puso otra vez en primer plano la complicada relación que tiene el Gobierno con las organizaciones no gubernamentales.

Ya en marzo de la pasada gestión se abrió una polémica a partir de la puesta en vigencia de la Ley de Personerías Jurídicas, que establece que las ONG que ejerzan actividades distintas a las que detallan sus estatutos perderán su licencia de funcionamiento.

Pero esta vez la controversia está enmarcada en la expulsión de la ONG IBIS Dinamarca (18 días después de que Morales hiciera la advertencia), y bajo la antesala, además, de la redacción de una norma que establecerá "el marco en el que funcionarán las ONG en el país", según informó el lunes la ministra de Planificación, Viviana Caro.

¿Estamos frente a una arremetida del Ejecutivo contra las ONG? o es que ¿Las ONG efectivamente se metieron demasiado en política?

"Yo creo que esta situación viene de algún modo de la dificultad de aceptar críticas, tanto por parte del Estado hacia las ONG, como por parte de las ONG hacia el Estado", sostiene el investigador Marc Devisscher.

Entre los argumentos que emitió el Gobierno para la salida de IBIS está la supuesta "injerencia política" de la ONG danesa, que se expuso cuando surgió el conflicto del Gobierno con las organizaciones indígenas como CIDOB y Conamaq.

Devisscher identifica que hay "dificultades" en el relacionamiento entre ONG y Ejecutivo, y lo atribuye a que precisamente estamos en un "proceso de cambio" en el que "todos andan buscando caminos" y, por ende, se generan "divisiones fuertes" en la sociedad. "Ahora, las ONG tienen dificultades en ubicarse", afirma.

Pero más allá de las implicaciones obvias del caso, esta situación pone en evidencia la necesidad de debate y reflexión en torno a "repensar" el rol de esas instituciones en la "Bolivia de hoy", según coinciden analistas consultados.

Hay voces en el interior del partido de gobierno que sostienen que las ONG ya no son del todo 

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necesarias para el Estado, puesto que "el país dejó de ser pobre", según sostuvo el senador Eugenio Rojas, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo; empero, la mayor parte de las organizaciones 
no gubernamentales que trabajan en Bolivia son nacionales.

La pregunta obligada entonces es: ¿Tienen o no razón de ser las ONG en el país? "Claro que sí, pero yo no creo que su rol haya cambiado mucho, lo que tiene que cambiar mucho es su manera de trabajar, su manera de actuar", afirma Devisscher.

Mientras que Xabier Albó, antropólogo y jesuita, además de representante de la ONG CIPCA, sostiene que "sería un error que el Estado pensara que todo lo puede hacer el Estado", aunque reconoce que hay asuntos en los que el Estado ahora puede incidir por sí mismo, como todo lo que es infraestructura de riego.

¿Nuevo rol?, ¿es posible?

Un argumento muy usual entre quienes conocen del tema es que las ONG llenan el vacío que el Estado, por sus propios medios, se ve imposibilitado de atender. Además que se las considera como un actor social que en diferentes etapas y momentos de la historia demostraron valía, al cubrir las necesiades en torno al desarrollo de conocimiento en distintas áreas.

En el país operan cerca de 2.000 ONG nacionales, y funcionan, además, más de 100 extranjeras, según información proporcionada por el Ministerio de Autonomías.

Un estudio de Devisscher señala que esa entidad cumple al menos siete roles en Bolivia: lucha contra la pobreza, la innovación social y tecnológica, la transformación cultural, empoderamiento en normas del Estado, defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión, entre otros.

Albó sostiene que las ONG tienen el desafío de reconocer en qué ámbitos puede contribuir al país y al Estado, en el marco de los objetivos y planes nacionales, y sobre todo de la nueva Constitución, esto frente al interés del Estado de incidir en espacios en los que antes no tenía margen de acción. No obstante, ese "nuevo rol" debe ser repensado "entre todos", afirma Albó, además de proponer un diagnóstico para identificarlo.

A su entender, dos son los ámbitos en los que las ONG todavía pueden ayudar al Estado: investigación en torno a los grupos vulnerables y la capacitación con énfasis en la interculturalidad, que son asuntos para los que se requiere formación técnica especializada que el Estado no necesita desarrollar, sino aprovechar.

También hay los argumentos que hacen referencia que se debe valorar el "trabajo recorrido" de esas entidades. "La fortaleza de las ONG se ha mostrado en toda la historia del país. Tienen una acumulación de experiencia, de innovaciones que hoy se han transformado en políticas públicas. Eso realmente es muy positivo", afirma Devisscher.

Rafael Puente, exprefecto de Cochabamba, propone dos puntos de reflexión ineludibles en torno al tema, que sirven como cierre en esta aproximación:

1) Una ONG es parte de la sociedad civil y, en este momento, la forma cómo el Gobierno está intentando controlar a todas las ONG es una falsa comprensión de lo que es la sociedad civil, y de lo que deben ser los derechos de la misma y de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.

2) Hay todo tipo de ONG, desde las comprometidas con una causa, y que son más o menos consecuentes con ese compromiso, que se esfuerzan, que se arriesgan, y ONG que son meros instrumentos de sobrevivencia, meras avivadas de un grupo de profesionales que encuentran un manso que los financien desde afuera".