Pasaron cinco años de la promulgación de la CPE: se avanzó en leyes, pero hay déficit en lo autonómico
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| Abecor |
“Pueden sacarme de Palacio, pueden matarme. Misión cumplida”. Con estas palabras el presidente Evo Morales cerraba un capítulo, al promulgar la nueva Constitución Política del Estado, aquel 7 de febrero de 2009.
Así concluía el proceso constituyente que vivió Bolivia con tensión y dificultad, y se iniciaba la etapa de implementación de la nueva Carta Magna.
En cinco días más se cumplirán cinco años de la promulgación de la nueva Constitución, cuyo acto de puesta en vigencia se efectuó en El Alto. Fue ahí donde Morales pronunció aquella emblemática frase, que reflejaba los embrollos que se vivieron para redactar y aprobar la Constitución.
Pero más allá de aquello, después de cinco años, ¿en qué se acercó el Ejecutivo a la implementación del diseño constitucional, y en qué que se alejó?
Para responder a esta interrogante La Frontera Dos recurrió a Carlos Böhrt, constitucionalista y exsenador, quien efectuó una investigación al respecto.
“Es importante el desarrollo legislativo, pero hay muy poco en políticas públicas; un gran déficit en materia de autonomía, no sólo déficit, sino desarrollo legislativo antiautonomista; y (se identifica) el retraso marcado en la autonomía indígena”.
Böhrt efectuó su estudio a partir
de cinco ejes analíticos: el Estado Plurinacional, la Carta de
Derechos, el régimen de las autonomías territoriales, Economía
Plural y la autonomía indígena. Este especialista fue uno de los
impulsores de la negociación y pacto que destrabó la aprobación
de la Carta Magna en octubre de 2008.
Estado Plurinacional
En 2010 se pusieron en vigencia las
“leyes fundamentales”, normas destinadas a regular los ámbitos
electoral, judicial, autonómico y constitucional. (Más detalles en
la infografía).
Carlos Böhrt explica que con la puesta
en marcha de esas leyes se dio el inicio a la construcción del
nuevo Estado diseñado en la Constitución. “El Estado
Plurinacional comienza a construirse con estas leyes, y la
incorporación de altos magistrados de los pueblos indígenas en los
órganos máximos del Estado”.
La carta de derechos
Sobre este eje, Böhrt explica que se
aprobaron al menos ocho leyes, que desarrollan la nueva carta de
derechos de la Constitución (que es más amplia que la anterior
Carta Magna). Las leyes que están en esa línea son: la Ley contra
el racismo y discriminación y la Ley Integral para garantizar a
las mujeres una vida libre de violencia, entre otras.
“Es un desarrollo importante”,
sostiene el investigador. Sin embargo, identifica que la debilidad
está en los ámbitos de desarrollo institucional y las políticas
públicas a partir de ese paso que significan esas normas.
Régimen de autonomías
El especialista identifica que si bien
se pusieron en vigencia la Ley Marco de Autonomías y la Ley de
Gobiernos Autónomos Municipales “los cambios son mínimos (y) no
hay políticas claras”. Pero también vislumbra una debilidad en
el desarrollo sectorial legislativo, donde detecta “el gran
déficit del Gobierno”. Expone que el 95% de las leyes sectoriales
son “antiautonomistas”, lo que debe entenderse como “contrarias
al diseño y al espíritu autonomista de la Constitución”.
En ese marco, sostiene que son al
menos 17 leyes las que están en esa condición: la ley de juegos y
lotería (060), ley general de telecomunicaciones (164) y la
ley del teleférico de La Paz (261), entre otras.
“La única excepción en la
construcción del Estado con autonomías de esas 17 normas es la Ley
General del Transporte, que respeta la autonomía, y nos damos cuenta
bien por qué, puesto que es un tema complicado y era mejor que sea
gestionado por los gobiernos subnacionales. El resto es
antiautonomista”.
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| Infografía: Rubén Aruquipa / Página Siete |
En este ámbito identifica la
aprobación de siete leyes, aunque no se tradujeron en general en
políticas concretas. Entre ellas están: la Ley de la Revolución
Productiva Comunitaria, Agropecuaria (144), la Ley del Fondo para la
Revolución Industrial Productiva ( 232), la Ley de creación
de la entidad bancaria pública (331), y la Ley de
Organizaciones Económicas Campesinas y de Organizaciones Económicas
Comunitarias (338).
“Estas leyes apuntan a desarrollar
una economía plural, pero no se ha traducido todavía en políticas
públicas claras y francas”.
Dentro de este ámbito Böhrt menciona
el “gran impulso” que tomó el Estado en la economía, lo cual
se expresó en la creación de más de 20 empresas. Esto, según
dijo, “muestra que el Estado ha reasumido su rol productor”.
Autonomía indígena
Finalmente, está el eje de la
autonomía de los pueblos originarios. En este ámbito, este
investigador detecta que “el avance es mínimo”.
“Lo único que se tiene es el aporte
de la ley marco de autonomías que reglamenta la creación de las
autonomías indígenas, pero que en la práctica se ha reducido a
cinco autonomías indígenas de origen municipal, cuyos estatutos
están en el Tribunal Constitucional, y no existe todavía un pueblo
indígena que asuma como tal, íntegro, su autonomía”, asegura.
Böhrt agrega: “Estamos simplemente
esperando la experiencia de cinco municipios, que no cubre a un
pueblo indígena completo, salvo el único caso probablemente de la
autonomía uru chipaya”.
“El Gobierno parece haber retomado
su vieja línea y no le da el valor suficiente a las autonomías”, Carlos Böhrt:
- ¿Por qué hay más desarrollo normativo, que políticas públicas e institucionalidad?
El Gobierno tiene dos tercios en la
Asamblea y le es fácil aprobar leyes. Por otro lado, es evidente que
no puede aplicarse la Constitución sin desarrollo legislativo, o su
aplicación sería más compleja porque tendrían que trabajar a
través de leyes anteriores. Entonces, se da paso al desarrollo
legislativo.
Probablemente tenga que ver con las
condiciones en las que opera el Ejecutivo y los magistrados en el
Órgano Judicial (...). Parece que no están pudiendo dar respuestas
contundentes, pero al menos hicieron desarrollo legislativo.
- ¿A qué atribuir el déficit de
autonomía?
Refleja una gran incomprensión del
Gobierno sobre la autonomía, y ello se refuerza si recordamos la
política del MAS en este campo. En el primer referéndum por las
autonomías, dio la consigna de votar por “no”, lo que puso al
país al borde de los conflictos, porque cuatro departamentos dijeron
“sí”; seis “no”. Si bien esto se corrigió en el proceso de
concertación y logramos la Constitución con el régimen de
autonomías, en la práctica el Gobierno parece haber retomado su
vieja línea y no le da el valor suficiente a las autonomías.
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